Ley de Inclusión Laboral en la UBB durante año 2025

En el marco de la Ley N° 21.015, vigente desde el 1 de abril de 2018, las empresas e instituciones públicas que registren 100 o más trabajadores y trabajadoras deben asegurar que, al menos, el 1% de su dotación anual corresponda a personas con discapacidad o a beneficiarias de una pensión de invalidez. Esta obligación tiene por objeto promover la inclusión laboral en condiciones de igualdad.

Desde el enfoque normativo y de derechos humanos, la discapacidad se entiende como el resultado de la interacción entre las condiciones individuales y las barreras del entorno, en coherencia con el modelo social. En este sentido, las limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, intelectuales o del desarrollo constituyen parte de la diversidad humana, siendo el entorno el que puede generar restricciones a la participación si no se adoptan medidas de accesibilidad.

Asimismo, el principio de diseño universal orienta la creación de entornos, bienes y servicios utilizables por la mayor cantidad de personas posible, sin necesidad de adecuaciones posteriores. Complementariamente, la Ley N° 20.422 establece la obligación de implementar ajustes razonables, entendidos como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, destinadas a garantizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Dichos ajustes deben determinarse caso a caso.

En este contexto, la Universidad del Bío-Bío debe informar al Servicio Civil, durante el mes de enero de cada año, el grado de cumplimiento del indicador legal de inclusión de personas con discapacidad correspondiente al período inmediatamente anterior.

Durante el año 2025, un total de 12 personas acreditaron su condición de discapacidad dentro de una dotación de 1.293 funcionarios y funcionarias de planta y contrata. No obstante, dicha cifra presentó variaciones a lo largo del año:

• En enero se registraban 9 funcionarios/as con acreditación de discapacidad.
• En mayo se produjo la desvinculación de una persona y el ingreso de una nueva acreditación, manteniéndose un total de 9 personas acreditadas.
• En junio se incorporó una nueva acreditación, alcanzando un total de 10 personas.
• En agosto se registró una acreditación adicional, totalizando 11 funcionarios/as con acreditación de discapacidad.

Aplicando la fórmula de cálculo proporcional anual —basada en el promedio mensual de personas con discapacidad en relación con el total de la dotación— se determinó un promedio efectivo de 10 personas durante el año 2025.

Considerando que el 1% de 1.293 funcionarios equivale a 12 personas, el promedio anual obtenido se sitúa por debajo del mínimo exigido por la normativa vigente.

En cuanto a la caracterización del personal que acreditó discapacidad:

• El 91,67% corresponde a discapacidad de tipo físico.
• El 75% se desempeña en funciones administrativas y el 25% en funciones académicas.
• La distribución por género corresponde a 41,7% hombres y 58,3% mujeres.

Por otra parte, la Ley N° 21.275 dispone que las entidades obligadas deben contar con, al menos, un gestor o gestora de inclusión laboral certificado por ChileValora. La institución cuenta con dos profesionales en dicha función, uno por sede:

• Sede Chillán: Sra. María Consuelo Toro Toro – mctoro@ubiobio.cl 
• Sede Concepción: Sr. Alejandro López Villagrán – alopez@ubiobio.cl

Se extiende la invitación a compartir sus inquietudes, informarse y, para quienes lo requieran, tanto del personal a contrata como de planta, acceder al apoyo institucional en el proceso de evaluación y gestión de la credencial de discapacidad.

La Universidad mantiene su compromiso institucional de fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y avanzar en la consolidación de una cultura organizacional inclusiva, con enfoque de derechos y no discriminación.