Ley de Inclusión Laboral en la Universidad del Bío-Bío

En relación a la Ley N° 21.015, conocida como la Ley de Inclusión Laboral, que entró en vigencia el 1 de abril de 2018, es importante destacar que todas las empresas e instituciones públicas con más de 100 trabajadores y/o trabajadoras deben contratar al menos un 1% de personas con discapacidad o que sean beneficiarias de una pensión de invalidez. Esto busca promover la inclusión laboral y garantizar oportunidades para todas las personas.

Es fundamental entender que la discapacidad no es una característica inherente a la persona, sino que se construye socialmente. Es decir, la discapacidad resulta de la interacción entre los déficits de una persona y las barreras del entorno. Por ejemplo, una persona ciega puede tener manejo de lectura y escritura en Braille y sin embargo puede que no exista información disponible en dicho formato, en ese caso la barrera es puesta por el entorno al no existir accesibilidad en la información escrita. Las limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales, intelectuales y del desarrollo forman parte de la diversidad humana.

Desde una perspectiva de derechos humanos y cultura inclusiva, se promueve el diseño universal, que busca crear objetos, entornos y servicios utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones específicas. Esto ayuda a reconocer y valorar la diversidad, fomentando la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Asimismo, la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, establece los ajustes razonables como una obligación. Estos ajustes son modificaciones y adaptaciones necesarias para permitir que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones, eliminando barreras y obstáculos. Es importante considerar que estos ajustes deben aplicarse según cada situación particular, ya que personas con condiciones similares pueden requerir apoyos distintos.

La Universidad del Bío-Bío, en el mes de enero de cada año, debe informar al Servicio Civil sobre la situación del año anterior, respecto de los funcionarios y funcionarias que han presentado credenciales de discapacidad. Actualmente, 7 de los 1.246 funcionarios y funcionarias de planta y contrata han acreditado algún tipo de discapacidad, lo que representa un 0,56% del personal, por debajo del 1% requerido por la ley.

De estas personas, el 85,7% presenta discapacidad física. En cuanto a su distribución laboral, el 71,4% trabaja en áreas administrativas y el 28,6% en funciones académicas. En cuanto al género, el 57,1% son varones y el 42,9% son damas.

Por otra parte, la Ley 21.275 establece que las instituciones deben contar con al menos un experto o experta en inclusión laboral en recursos humanos, certificado por ChileValora. En nuestra universidad, contamos con dos gestores de Inclusión Laboral, uno por sede, disponibles para orientar y apoyar a nuestros funcionarios/as:

Tenemos un compromiso con la promoción de un ambiente laboral inclusivo y respetuoso para todas las personas.  ¡Gracias por tu interés y colaboración en esta importante tarea!